Sistema Electoral engañoso.


Ni mucho menos es así. De hecho, debido a las desigualdades que provoca la Ley Electoral, podemos afirmar no sólo que gran parte de los escaños recibidos por el PP no son representativos, sino que el PP no tiene legitimidad alguna para gobernar en mayoría a los españoles.

Hay varios motivos por los que la Ley Electoral es injusta y favorece a los partidos mayoritarios, uno de los más evidentes es el de la circunscripción provincial. Toda provincia cuenta con una representación mínima inicial, que suponen 52 diputados, a los que la Ley suma 2 por provincia, sin atender a los desequilibrios demográficos. Este ente formal y abstracto, la provincia, añade 50 diputados más y agrava la desproporción, quedando 248 escaños a
distribuir en función de la población. A este factor se añade el reparto de escaños mediante la llamada Ley d’Hont, basado en otra fórmula no porcentual.

En las Elecciones Generales de noviembre de 2011, el PP obtuvo un total de 10.830.693 votos, el 44,62% de los votos posibles. Con ello únicamente aumentó 660.720 votos su resultado del 2008, no obstante a lo cual ha conseguido la mayoría absoluta, con el 53% de los escaños del Parlamento. Un aumento del 1.9% ha brindado un 9,4% más de representación. Casi siete de cada diez electores gobernados por el PP NO le han votado. En un sistema electoral porcentual puro, hubiera obtenido 160 escaños, 26 menos, el PSOE 103 (7 menos de los que obtuvo), IU 25 (14 más), UpyD 17 (12 más), CIU 15 (uno menos) y Amaiur 5 (uno menos). El resto de escaños, 35 (20 más de los que se obtuvieron) quedarían repartidos entre los partidos minoritarios.

Proponemos una ley electoral en la que cada voto tenga el mismo valor independientemente de dónde resida el ciudadano, y en la que los partidos minoritarios tengan las mismas oportunidades que los mayoritarios. Para ello, es necesario abrir el debate sobre la variedad de propuestas existentes, incluyendo informes como el que redactó el
propio Consejo de Estado, o el reciente informe de la OSCE, en el que participen lxs ciudadanxs y cuyas decisiones sean vinculantes.

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